El compromiso con el medio ambiente y con los objetivos internacionales ya no dependerá de la voluntad de actuar o no. Muy pronto, en España este compromiso será exigible por imperativo legal. La Comisión del Congreso competente, con amplia mayoría, aprobó la esperada y deseada Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética?
Aunque la norma aún no es definitiva, pues ha de pasar por el Senado, ya se ha constituido como el principal estandarte para la lucha contra el cambio climático en nuestro país. Era una norma anhelada, que se ha hecho de rogar durante varios años. Además, se trata de una legislación solicitada tanto por el sector económico del país como por la ciudadanía en general y las asociaciones ecologistas.
El objetivo general de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es establecer la hoja de ruta en esta materia. Dotará de certidumbre, estrategia y metas a la lucha de ciudadanos, organizaciones y administraciones contra el cambio climático.
De esta forma, se quiere encauzar este compromiso para que el país pueda cumplir con los objetivos internacionales con los que se ha comprometido. Entre ellos, destaca, sobre todo, la neutralidad climática para 2050 a la que aspira toda la Unión Europea a través del Pacto Verde Europeo. Esta ley será el marco normativo e institucional que permita adaptar la realidad del país a estos objetivos medioambientales.
La movilidad, eje principal de la normativa
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética legisla sobre muy diversas áreas que afectan al medio ambiente. De entre todas ellas, sobresale una por su trascendencia sobre el cambio climático: la movilidad.
Esta norma legisla muy especialmente sobre la movilidad, favoreciendo la transición hacia un modelo más sostenible. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2018 el transporte por carretera fue el responsable del 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. En total, sumando el transporte marítimo y aéreo, ese porcentaje asciende a casi el 30%.
El objetivo principal en este sentido que se pretende conseguir con esta normativa es una movilidad que no produzca emisiones. Una meta que se establece para mitad de siglo. Para lograrlo, se han fijado objetivos más específicos en fechas anteriores. Por ejemplo, a partir de 2040 no se podrán vender vehículos nuevos que emitan gases contaminantes.
Medidas de movilidad sostenible de la Ley de Cambio Climático
Las diferentes acciones que se recogen en esta ley buscan favorecer la adopción de hábitos de transporte más sostenibles y eficientes. Una de las medidas que más llaman la atención repercute directamente a las ciudades. Los municipios con más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán contar una zona baja de emisiones.
Esta medida, que ya lleva tiempo implementada en grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona, será de obligado cumplimiento para antes de 2023. Además, si la ciudad en cuestión desea establecer medidas que supongan la regresión de la zona baja de emisiones, solo podrá hacerse con un informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas.
Otra batería de acciones tiene que ver con fomentar el uso del vehículo eléctrico. Por ejemplo, la Ley de Cambio Climático recoge la instalación de, al menos, un punto de recarga rápida de 50 Kw en las gasolineras de nueva construcción o que vayan a acometer una reforma. Una medida que también será obligatoria para aquellas estaciones de servicio ya existentes cuyo volumen de ventas sea superior a 5 millones de litros de gasolina y gasóleo. Estas últimas estaciones representan el 9% del total.
Además, también se prevé la obligación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción. Por otro lado, el Gobierno central deberá desarrollar una plataforma que informe a los ciudadanos sobre los puntos de recarga. En definitiva, una larga lista de acciones que pretenden fomentar la movilidad eléctrica.
Tal es la importancia de la movilidad sobre el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático que se está trabajando también en la futura Ley de Movilidad Sostenible.
¿Cómo influye la Ley de Cambio Climático sobre las empresas?
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética afecta a la sociedad en general. No obstante, hay una serie de medidas diseñadas especialmente para el sector empresarial. La normativa recoge que una parte importante de las empresas estarán obligadas a calcular su huella de carbono. Además, deberán también publicar informes sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Aún se desconoce cuáles son los requisitos para que una empresa tenga que cumplir con estas medidas. En el plazo de un año, el Gobierno central decidirá cuáles son dichos requisitos. Se prevé que se amplíe considerablemente el número de compañías que ya cumplían con determinadas leyes autonómicas en esta materia.
Lo que sí se conoce es que no solo será suficiente calcular la huella de carbono. Las organizaciones deberán también elaborar y cumplir con un plan destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada empresa deberá marcarse un objetivo cuantificable y específico y diseñar la estrategia para poder materializarlo.
La descarbonización, objetivo clave
Tal y como se comentaba al principio, esta normativa se alinea con el objetivo de neutralidad climática para 2050. Para ello, es fundamental trabajar en favor de la descarbonización y de las energías renovables. En este sentido, esta ley establece la convocatoria de subvenciones que impulsen la construcción de, al menos, 3.000 MW de instalaciones renovables.
Por otro lado, se destina también un artículo completo al sector de la edificación. El mismo fomentará y facilitará la eficiencia energética del sector y el uso de fuentes de energía renovables. Además, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética verá prolongada su vigencia hasta finales del 2030.
La deseada Ley de Cambio Climático y Transición Energética está cada vez más cerca de ser una realidad. Si el Senado no realiza enmiendas, podría entrar en vigor durante el próximo mes de mayo. Sin duda, una buenísima noticia que dota de certidumbre y consistencia a la lucha contra el cambio climático.
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